La tecnología 5G llega a España con una implantación realizada de una forma irregular y sin las garantías suficientes. El Defensor del Pueblo, en su resolución del 21-8-2019, concluía que el Plan Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente por el órgano promotor del plan, el Ministerio de Economía y Empresa, sin consultar con el órgano ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la procedencia de efectuar dicha evaluación, incumpliendo así requisitos legales exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica e incluso podrían suscitarse dudas en relación con la falta de aprobación formal. Del mismo modo, tampoco se ha realizado la evaluación del impacto en salud que prevé el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ecologistas en Acción pide al Ministerio la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en el desarrollo del mismo y ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a la ministra de Transición Ecológica, solicitando tener en cuenta las consideraciones de la resolución del Defensor del Pueblo así como el potencial riesgo para la salud del empleo de la tecnología 5G para que se cumpla la normativa que tiene como fin la protección del medio ambiente y la salud pública. Esta organización considera que se ha dejado irresponsablemente al libre albedrío de las empresas de telecomunicaciones esta implantación, dando por sentada su inocuidad, algo que cada vez está más en cuestión.
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