¿Qué se sabe sobre el tema?
El cambio climático es un fenómeno global con proyección en los territorios concretos que precisa la adopción de medidas orientadas a la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la adaptación de las poblaciones y el medio ambiente, a fin de superar la situación de emergencia climática que se ha reconocido en diferentes niveles institucionales. En este sentido, la creación de un marco jurídico que obligue a los Estados y a los ciudadanos a luchar contra el cambio climático resulta fundamental.
¿Qué añade este artículo a la literatura disponible?
Este trabajo aborda el régimen jurídico de lucha contra el cambio climático que se ha venido desarrollando en nuestro país, desde una perspectiva multinivel, puesto que un desafío como el que este fenómeno comporta precisa de una respuesta jurídica en el nivel internacional, pero, también, de un desarrollo normativo eficaz y suficiente dentro de cada Ordenamiento. En este sentido, se aboga por una regulación básica, de mínimos, que proporcione un espacio suficiente a las Comunidades Autónomas, en tanto que entidades infraestatales, para diseñar su política de lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta la componente territorial del mismo, y que todas las regulaciones deben sumar en cuanto a los objetivos de reducción de GEI y descarbonización de la economía.
¿Cuáles son las implicaciones de las conclusiones alcanzadas?
En primer lugar, no puede desconocerse la relevancia de un modelo territorial descentralizado como el español, en el sentido de que ello debe contribuir a una mayor efectividad respecto de los objetivos de lucha contra el cambio climático y transición energética. Este fenómeno resulta un problema complejo que requiere, a su vez, de soluciones complejas que, en lo que toca a la regulación, supone un modelo alternativo de ordenación y de relación entre las Administraciones Públicas implicadas.
En este sentido, la Ley estatal 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética representa un paraguas en el que tiene cabida la acción autonómica en esta materia, si bien podría haberse ido más lejos. Junto a ello, debe destacarse la relevancia de las Leyes de clima aprobadas con anterioridad a la norma estatal por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía e Islas Baleares (en 2017, 2018 y 2019, respectivamente), en la medida en que constituyen una referencia para las Leyes que se han aprobado con posterioridad en la Comunidad Foral de Navarra, Valencia y Canarias. Este entramado normativo evidencia la oportunidad y conveniencia de contar con un marco regulador suficiente de las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, incluyendo un elenco de técnicas y dispositivos fundamentales.
No obstante, estos marcos normativos sólo pueden considerarse un primer paso o un escalón elemental en la configuración de una política autonómica de cambio climático, con la que dar carta de naturaleza a una estructura multinivel de lucha contra este fenómeno. Se necesita, así, profundizar en los mecanismos de cooperación entre Estados y Comunidades Autónomas, y que, aprobadas las normas, se implementen de forma eficaz por las mismas, teniendo en cuenta las especialidades de su territorio.
Manuela Mora Ruiz
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Huelva