El 20 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de los Países Bajos ratificaba la resolución que obliga al estado a poner en práctica medidas para conseguir en 2020 (antes de acabar el año) una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 25%, en relación a las emisiones registradas en 1990.
Según la asociación ambientalista Urgenda, principal promotora de la demanda iniciada en 2013 con el apoyo de 886 codemandantes particulares, se trata de una decisión histórica, la decisión judicial sobre cambio climático más importante en el mundo hasta el momento. Afirma que es un éxito no sólo para la población de su país sino también para el conjunto de la humanidad, puesto que puede servir de ejemplo para demandas de este tipo en otros países industrializados.
El Tribunal Supremo basó su sentencia en la Convención sobre el clima de la ONU y en los deberes legales del Estado holandés para proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos en los Países Bajos, cuyas obligaciones se establecen en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.